Productores de Colón van a la Justicia por $3000 millones de tasa vial malgastados
La Sociedad Rural de Colón presentará un recurso judicial contra el municipio por destinar apenas el 0,62% de más de $3000 millones recaudados en concepto de tasa vial y Fondo Compensador a obras viales. Los productores denuncian que la mayor parte de los fondos se desvía a gastos indirectos, afectando la transitabilidad de los caminos rurales.

Las claves de la nota
- $3000 millones recaudados en tasa vial y Fondo Compensador
- $18,7 millones destinados a obras viales (0,62%)
- $1205 millones en gastos indirectos cuestionados
- 35% de caminos rurales en condiciones razonables
- Presentación judicial inminente contra el municipio
La Sociedad Rural de Colón se prepara para una presentación judicial contra el municipio por la presunta malversación de fondos destinados a obras viales. Entre 2023 y agosto de 2026, el distrito bonaerense recaudó más de $3000 millones a través de la tasa vial y el Fondo Compensador. Sin embargo, solo se destinaron $18,7 millones, un escaso 0,62% del total, a la mejora y mantenimiento de los caminos rurales.
Los productores agropecuarios denuncian que una cifra cercana a los $1205 millones fue imputada a gastos indirectos, incluyendo administración y gestión, sin una justificación clara de su conexión con el objetivo de la tasa. Esta situación ha generado un deterioro significativo en aproximadamente el 65% de los 700 kilómetros de caminos rurales del partido, dificultando la producción y la logística, especialmente ante la inminente cosecha de trigo.
La falta de inversión se evidencia en la escasa cantidad de maquinaria operativa y en la nula asignación de fondos a obras viales durante 2024 y 2025, años en los que la recaudación superó los $1750 millones. La presentación judicial busca asegurar que los fondos recaudados se utilicen efectivamente para el fin previsto, algo fundamental para el sector productivo argentino, que depende de una infraestructura vial en buen estado para su operatividad. El caso pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión de recursos públicos, particularmente aquellos que impactan directamente en la actividad económica primaria.
