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Inocencia Fiscal: Expertos ven mayor atractivo en el nuevo proyecto por seguridad jurídica y plazos extendidos
Expertos en tributación analizan el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, destacando la ampliación del plazo hasta fines de 2027 para regularizar fondos no declarados y la mayor seguridad jurídica ofrecida a los contribuyentes, con límites claros a las facultades del fisco.
- Plazo hasta fin de 2027 para regularizar fondos.
- Umbral de $5 millones para discrepancias significativas.
- Carga de la prueba recae sobre el fisco.
- Mayor seguridad jurídica para contribuyentes.
- Elimina presunciones fiscales contra el contribuyente.
El reciente borrador del proyecto de Inocencia Fiscal, preparado por el Gobierno para su envío al Congreso, ha sido recibido con optimismo por contadores y economistas especializados en materia tributaria. Las modificaciones buscan abordar las principales resistencias que generaba la normativa original, ofreciendo mayor claridad sobre las discrepancias significativas y reduciendo la posibilidad de perder beneficios ante observaciones del fisco.
Uno de los aspectos más valorados es la redefinición del concepto de discrepancia significativa, junto con garantías reforzadas para el contribuyente. Se ha ampliado el umbral para considerar estas discrepancias a $5 millones, y se establece que la carga de la prueba recae sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), no sobre el contribuyente. Esto representa un avance significativo en la seguridad jurídica, permitiendo a los contribuyentes discutir posibles ajustes en el ámbito administrativo.
Además, el proyecto elimina la posibilidad de que el fisco recurra a presunciones de incremento patrimonial no justificado o de depósitos bancarios para impugnar declaraciones, un punto que previamente generaba incertidumbre. El plazo para que los contribuyentes utilicen dólares no declarados sin persecución fiscal se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, otorgando un margen de maniobra considerable para la regularización.
Desde una perspectiva económica, el principal incentivo de esta propuesta radica en la reducción del riesgo fiscal. Al ofrecer mayor previsibilidad y seguridad jurídica, se busca fomentar la exteriorización y formalización de fondos, lo que podría tener un impacto positivo en la liquidez del mercado y en la recaudación fiscal a mediano plazo. La efectividad final del régimen dependerá, sin embargo, de la confianza que logre generar el marco institucional en su conjunto.
Este proyecto de ley es crucial para inversores y empresarios argentinos, ya que busca blanquear capitales y mejorar la seguridad jurídica en materia tributaria. La ampliación del plazo y las garantías ofrecidas podrían incentivar la repatriación de fondos, impactando positivamente en la liquidez y la inversión. Los agentes económicos deberán estar atentos a la aprobación final y a la reglamentación para evaluar su alcance real.
